La directora en funciones de la residencia de ancianos Edda, María América Torres, ha señalado que tras el cierre dictado por la Junta de Andalucía sobre el centro, todos los residentes, a excepción de once, han sido reubicados en otras residencias de la provincia. La situación de esos once, que aún permanecen en la residencia lucentina, está pendiente de que el Gobierno andaluz asuma su tutela al tratrase de ancianos sin familiares.

En este sentido, la responsable de la residencia ha puesto de manifiesto que la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, Soledad Pérez, «no está cumpliendo con lo que habían dicho», ya que ha sido el propio centro el encargado de buscar otras residencias, mientras que para los once que aún permanecen todavía no se ha dado una respuesta.

Sobre las declaraciones realizadas la pasada semana por la responsable provincial del área, en las que acusaba a la residencia de «falta de medidas higiénicas, hacinamiento y de ausencia de una atención especializada», Torres indicó que «ya se ha puesto en manos de sus abogados». De este modo, señaló que «vamos a recurrir todas infamias que nos han dicho», con el objetivo, según aclaró, de salvaguardar la dignidad de la plantilla de trabajadores del centro.

La responsable de la residencia se preguntó que si las condiciones del centro eran tan negativas, como ha apuntado la delegada provincial de Igualdad y Bienestar Social, «cómo es que no han actuado antes; es que en diez años no ha tenido tiempo la Junta de Andalucía para ver». En este sentido, insistió en que la situación que se ha desencadenado en los últimos días, con la orden de la Administración autonómica del cierre cautelar de la residencia, ha sobrevenido por «la venganza personal de la antigua supervisora y otra persona, como es el director de la residencia».

Cabe recordar que la residencia de ancianos Edda fue abierta en 1997 en una antigua vivienda, que requirió una inversión de 240.000 euros en diferentes actuaciones para reformar el edificio.

Publicado en ABC